Para muchos pequeños empresarios, la “segunda oportunidad” si fracasan en sus negocios está prácticamente a punto de esfumarse.
En el escritorio del presidente Bush espera un proyecto de ley aprobado ya por ambas cámaras que dificultaría acogerse a la Ley de Bancarrota como una forma de hacer “borrón y cuenta nueva”.
Si Bush estampa su firma, como lo ha prometido, afectaría no sólo a los consumidores “desmedidos”, sino también a muchos de los pequeños empresarios, principalmente a aquellos que están en sus primeros cuatro años de operación, puesto que se estima que un 90% de éstos casi siempre fracasan.
De hecho, de los 1.6 millones de bancarrotas personales que se presentaron el año pasado, los expertos consideran que un 20% correspondió a pequeños empresarios que financiaron sus negocios con sus tarjetas de crédito personales.
Los promotores de la reforma a la ley de bancarrota, ratificada por el Congreso la semana pasada, señalan que su objetivo es evitar la actitud irresponsable de quienes pudiendo pagar no lo hacen.
De hecho, el nombre técnico de la medida es Ley de Prevención del Abuso de Bancarrota y Protección al Consumidor, y el impacto para los pequeños negocios fue considerado como “efecto secundario”.
Actualmente se estima que hay más de 22 millones de pequeños negocios en el país y que son éstos los principales proveedores de empleo.
“La ley podría enfriar el espíritu empresarial de quienes arriesgan sus bienes para empezar un negocio”, comenta Jeff Kucera, abogado de bancarrotas de la firma Kirkpatrick & Lockhart Nicholson Graham, de Miami, Florida, quien señala que ése es a menudo el caso de muchos pequeños negocios.
Brad Stroh, codirector ejecutivo de Freedom Financial Network LLC, una firma ubicada en San Mateo que gestiona deudas por más de 80 millones de dólares de clientes en todo el país, indica que ciertamente existe riesgo de que los estadounidense no estén tan dispuestos a crear empresas.
“Va a depender de los detalles de la ley en cuanto a la ‘prueba de recursos' y cómo se aplique ésta en la práctica”, dice el experto, refiriéndose a la parte de la reforma que establece la responsabilidad de los deudores en función de los medios económicos de que dispongan, lo que determinará el plan de pago aplicable a su caso.
Sin embargo, según John Hansen, abogado de bancarrotas de San Francisco, la nueva ley no afecta en “ningún aspecto significativo” a las grandes compañías, y probablemente tampoco a las pequeñas.
“Ser empresario significa ser optimista. Es totalmente contrario al espíritu empresarial iniciar un negocio pensando en la bancarrota como una red de seguridad”, dice Hansen, quien enfatiza que el objetivo principal de la ley es controlar el mal uso de las tarjetas de crédito por parte de los consumidores.
A Colin Smith, un empresario que optó por proporcionar este nombre por temor a que la bancarrota en su pasado crediticio le afecte en el futuro para iniciar una nueva empresa, el saldo disponible en sus tarjetas le sirvió para mantener abierta su agencia de viajes en San Diego durante nueve meses.
“Lo hubiera sacado adelante de no haber sido por el 11 de septiembre”, dice Smith, quien en 2002 se vio obligado a declarar la bancarrota para enfrentar deudas del negocio que había financiado con bienes personales.
El empresario está ahora preparado para el segundo intento, y planea abrir una agencia especializada en operadores turísticos para Costa Rica.
“El nuevo negocio será posible gracias no sólo al respiro financiero que me dio la bancarrota, sino a lo que aprendí equivocándome”, dice Smith.
Jeff Morris, profesor de derecho de la Universidad de Dayton y estudiante en el Instituto Americano de Bancarrota, señaló que la propia historia de Estados Unidos muestra que uno de los pilares del país ha sido la posibilidad de “empezar de nuevo”.
“Creo que los empresarios seguirán iniciando su primer negocio con el mismo entusiasmo que antes, pero para los segundos, terceros y sucesivos intentos, puede que la cosa cambie”, dice.
Por su parte, Stroh señala que entre
los aspectos positivos para los negocios está
también el menor riesgo de falta de pago por
parte de sus clientes porque será —según
él— más fácil concederles crédito
por ser menos arriesgado.
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